En Zacatecas hubo apagón pero no generalizado

Jorge Estopellan, Vocero Oficial del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Guanajuato, se pronunció sobre la votación de la reforma político-electoral, señalando las preocupaciones del partido ante el uso que hace Morena del aparato gubernamental para restringir la libertad de expresión. Estopellan destacó la importancia de garantizar un proceso electoral justo y transparente, donde todos los partidos tengan igualdad de condiciones para participar y expresar sus ideas.Las declaraciones de Estopellan reflejan la postura del PRI en Guanajuato respecto a los eventos políticos y electorales en el estado. Su crítica al partido Morena resalta la preocupación por el respeto a los principios democráticos y la necesidad de evitar el abuso de poder por parte de las autoridades en funciones durante los procesos electorales.La intervención de Jorge Estopellan subraya la importancia del debate político y la defensa de los derechos democráticos en el contexto electoral. Sus declaraciones buscan sensibilizar a la opinión pública sobre los desafíos y riesgos que enfrenta la democracia en Guanajuato, y abogan por un proceso electoral transparente y justo para todos los actores políticos involucrados.

La Mesa Directiva dio fe de la recepción y cómputo de los votos de casi dos terceras partes de las legislaturas estatales a favor de la reforma para que militares participen hasta 2028La Cámara de Diputados formuló la declaratoria de reforma constitucional para prorrogar hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, luego de que 20 de los 32 congresos locales avalaron los cambios en la Constitución.La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro dio fe de la recepción y cómputo de los votos de casi dos terceras partes de las legislaturas estatales a favor de la reforma a la Constitución avaladas por el Congreso de la Unión y la remitió al Senado de la República para darle trámite y turnarlo al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.Los votos aprobatorios correspondieron a los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.Pese a ellos, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano anticipó su determinación de impugnar la reforma y, por conducto de su coordinador, Jorge Álvarez Máynez, denunció nuevamente un pacto Morena-PRI.Álvarez Máynez exhibió la inclusión del tema en el orden del día en la sesión de este martes que fue firmada por los coordinadores de Morena, Ignacio Mier; del verde Carlos Puente y del petista Alberto Anaya, así como el priista Rubén Moreira.

El diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Partido del Trabajo (PT), propuso castigar con penas de uno a seis años de cárcel y la pérdida de los derechos de herencia o donación a agresores parentales.Moreno Hernández alertó que en los últimos años el aumento de agresiones de hijos a sus padres ha ido en aumento y al ser un fenómeno poco estudiado, ni siquiera existen medidas preventivas o que eviten el castigo.Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, propone reformar las fracciones V y VI del artículo 316 Código Penal Federal, para que se considere que hay ventaja en el delito de lesiones u homicidio cuando el sujeto pasivo sea un adulto mayor de 60 años y cuando se ocasionen en situaciones de violencia filio-parental.Por tanto, a quien cometa esta falta se le impondrá de uno a seis años de prisión y perderá los derechos de herencia y donación por parte de la víctima. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.Además, el Ministerio Público exhortaría al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que resulte ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física, psicológica y económica de la misma.En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere necesarias.Asimismo, se adiciona una fracción VII al artículo 86 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para estipular que se privilegiará toda medida …