Niega Zaldívar relegar asuntos; cierra trabajos de la Corte

El ministro presidente del máximo tribunal del país dio por terminado el primer periodo ordinario de sesiones, y señaló que el segundo será igual de intenso que éste, y refrendó que el Poder Judicial trabaja con autonomía

La Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) concluyó su primer periodo ordinario de sesiones y ante el pleno de ministros, su presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que fue un periodo intenso en el que se resolvieron diversos casos en beneficio de México y de sus habitantes, para luego negar -categóricamente- que el máximo tribunal del país relegue o atrase la resolución de asuntos, como es la acción de inconstitucionalidad contra la pretensión del gobierno federal de poner a la Guardia Nacional al mando del Ejército (militarización del país).

“Se dice con frecuencia que la Corte no ha resuelto asuntos que pueden ser relevantes o importantes para el gobierno en turno, y esto es absolutamente falso como se puede demostrar simplemente con la enunciación de los asuntos que hemos venido resolviendo”, dijo durante la reunión del pleno de ministros.

En la sesión solemne para la clausura de trabajos, Zaldívar Lelo de Larrea destacó que en este primer periodo, que arrancó en enero, la Corte resolvió la Ley Federal de Revocación de Mandato, la Ley Federal de Austeridad República, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de la Industria Eléctrica, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), así como la suspensión en contra de la omisión de vacunar a niños, niñas y adolescentes contra Covid-19. Además la Ley Nacional de Extinción de Dominio; la Ley General de Salud en el tema de objeción de conciencia y el histórico fallo de la despenalización del aborto, los cigarros electrónicos, la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales y la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.

Un día antes, en conferencia de prensa, Arturo Zaldívar aclaró que respecto a las impugnaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para echar abajo la pretensión de la militarización del país aún no hay proyecto de resolución, por lo que no se ha podido presentar ante el pleno de la Corte.

El ministro presidente cerró así el ciclo de trabajo de la Corte, no sin antes advertir que cuando las críticas que se plantean al trabajo de la Corte son solamente descalificaciones no contribuyen a la democracia, ni abonan para avanzar hacia un Tribunal Constitucional más consolidado.

“Ahí están nuestras razones, ahí están nuestras consideraciones, ahí están nuestros argumentos, en todos y cada uno de los asuntos que hemos venido resolviendo. Esta Suprema Corte confirma una vez más su independencia y su autonomía y la seriedad de todas y todos quienes la integramos”.

Agregó que la Suprema Corte seguirá avanzando, consolidando una democracia en la que el Tribunal Constitucional se vuelve una garantía para que todas las personas disfruten de todos sus derechos.

Zaldívar convocó a las ministras y ministros para la apertura del segundo periodo de sesiones correspondiente al 2022, que iniciará el primer día hábil de agosto.

“Miranda de Wallace fabrica pruebas, y ya es investigada por FGR por querer extorsionar
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que él no tiene injerencia sobre el seguimiento que Isabel Miranda de Wallace, activista y presidenta de la organización Alto al Secuestro, ha dado al caso por la desaparición de su hijo Hugo Alberto, por el contrario -dijo- la mujer ya es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por prefabricación de pruebas.

El presidente del Consejo de la Judicatura Federal respondió así ante la carta hecha pública el pasado lunes en la que Miranda de Wallace expresó que la ministra Margarita Ríos Farjat y él mismo “son negros personajes y deben quedar al descubierto”, por lo que exhortó a Zaldívar a respetar el proceso para las sentencias firmes contra los acusados del caso de su hijo, entre ellos Brenda Quevedo, que lleva más de tres lustros en prisión sin recibir condena.

Isabel Miranda pidió que desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública se dejen de fabricar pruebas para entorpecer el proceso judicial.